Los retos de México en salud y derechos sexuales y reproductivos

Según reflejan las conclusiones del estudio “Acelerar el avance”, en México persisten aún importantes barreras para el acceso y el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos.

Conclusiones basadas en una realidad que muestra las deficientes políticas de salud que se impulsan con graves carencias, cómo revelan algunos datos como que en México, el 59 por ciento de personas afirmaron no haber usado ningún método anticonceptivo en su primera relación sexual.

Una de cada cinco mujeres ha abortado alguna vez en su vida en México, teniendo en cuenta que los servicios de aborto legal y seguro no están garantizados en todo el país, ya que persisten obstáculos incluso para el acceso al aborto en los supuestos legales.

Entre las barreras existentes para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos se destaca en el informe la falta de acceso a la salud, la ausencia de educación sexual, las desigualdades económicas, políticas y sociales, la violencia de género o la falta de reconocimiento de la sexualidad como fuente de placer y bienestar.

Para concienciar sobre los obstáculos que aún enfrenta México, y que afectan sobre todo a niñas, jóvenes, personas que viven con VIH y oras poblaciones vulnerables. Distintas organizaciones como Balance A.C., el Consejo nacional de Población (Conapo) y REDefine México, lanzaron una campaña en Enero de 2020, en la Ciudad de México.

Según afirmo Alessio Robles, coordinador de REDefine, la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva a nivel estatal no cuenta con una perspectiva de género, juventud e interculturalidad. Además la capacitación del personal es insuficiente, no se garantiza un acceso suficiente a la anticoncepción moderna y las consejerías no promueven la responsabilidad masculina en el uso de anticonceptivos. Estos son algunos de los retos en los que es necesario trabajar con más urgencia.

Por otro lado, según explicó la directora de coordinación intergubernamental de la Secretaria de la Conapo,  con el cambio de gobierno se ha producido un cambio en las políticas de población basada en el Consenso de Montevideo, que obliga a los Estados miembros a priorizar políticas públicas para la prevención del embarazo adolescente así como a eliminar el aborto inseguro.

El nuevo gobierno, según aseguró, tiene como objetivo descentralizar la política de población y trabajar directamente en los municipios e incluir en enfoque de los derechos humanos y desarrollo sostenible.